Solo se piensa en el cemento

El plan de gobierno del Presidente Santos, desde su primer mandato ha hecho énfasis en la construcción de vivienda y el impulso al sector de la construcción. Las 100 mil viviendas gratis se convirtieron en uno de los planes insignia de la administración Santos, un proyecto que involucra operadores públicos y privados en la ejecución y se construye en 29 de los 32 departamentos del país. La población objetiva que debe ser beneficiada es la que se encuentra en la extrema pobreza. Entre este grupo de personas se encuentra la población víctima del conflicto armado colombiano.

Actualmente en la capital se construye uno de los proyectos más polémicos de esta política de gobierno, Plaza de la Hoja, obra que está a portas de entregar su primera etapa a finales del mes de noviembre, y la totalidad del proyecto estaría terminada en el año 2015, según Arpro la constructora encargada. Se estima que se dispondrá de 417 viviendas de interés prioritario, que acogerán 1464 habitantes, entre los cuales hay población víctima del conflicto armado, hecho que generó discordia entre los habitantes del sector.

Alfredo Pérez- Habitante del Conjunto residencial Colseguros 

Los habitantes de los conjuntos residenciales del lugar, Colseguros y Usatama, no vieron con buenos ojos la construcción de Plaza de la Hoja y en 2012 crearon la Mesa de Rehabilitación del Centro Ampliado, alegando que el terreno ubicado en la carrera 30 con calle 19 debió haber sido usado para la construcción de edificios públicos como el IDU, además de que vivir con desplazados y personas de los estratos más bajos del país no emocionaba a los integrantes del Mesa.

De acuerdo con Luis Alberto Bonilla, asesor de Víctima en la Defensoría del Pueblo hay desconexión entre los gobiernos locales y el Estado, en cuanto a la implementación de política públicas para fomentar la convivencia de las personas que adquieren viviendas de interés prioritario en el país, y en muchos casos las personas de estratos bajos y víctimas no se adaptan fácilmente a sus nuevos entornos. Para Bonilla, el Ministerio de Vivienda sólo piensa en obras, y el Departamento de Planeación Nacional no se preocupa en implementar políticas públicas que faciliten esta problemática

Cabe hacer un llamado a la rama ejecutiva para que se preocupe de esta situación y que no deje a la deriva a los habitantes que adquieren estas viviendas de interés prioritario. Los ciudadanos no son los villanos, por el contrario, tienen todo el derecho a preocuparse por saber quién será su nuevo vecino. En esa instancia deben operar políticas públicas para reducir la exclusión, la estigmatización y la desinformación frente a estos temas.