miércoles, 19 de noviembre de 2014

Solo se piensa en el cemento

El plan de gobierno del Presidente Santos, desde su primer mandato ha hecho énfasis en la construcción de vivienda y el impulso al sector de la construcción. Las 100 mil viviendas gratis se convirtieron en uno de los planes insignia de la administración Santos, un proyecto que involucra operadores públicos y privados en la ejecución y se construye en 29 de los 32 departamentos del país. La población objetiva que debe ser beneficiada es la que se encuentra en la extrema pobreza. Entre este grupo de personas se encuentra la población víctima del conflicto armado colombiano.

Actualmente en la capital se construye uno de los proyectos más polémicos de esta política de gobierno, Plaza de la Hoja, obra que está a portas de entregar su primera etapa a finales del mes de noviembre, y la totalidad del proyecto estaría terminada en el año 2015, según Arpro la constructora encargada. Se estima que se dispondrá de 417 viviendas de interés prioritario, que acogerán 1464 habitantes, entre los cuales hay población víctima del conflicto armado, hecho que generó discordia entre los habitantes del sector.

Alfredo Pérez- Habitante del Conjunto residencial Colseguros 

Los habitantes de los conjuntos residenciales del lugar, Colseguros y Usatama, no vieron con buenos ojos la construcción de Plaza de la Hoja y en 2012 crearon la Mesa de Rehabilitación del Centro Ampliado, alegando que el terreno ubicado en la carrera 30 con calle 19 debió haber sido usado para la construcción de edificios públicos como el IDU, además de que vivir con desplazados y personas de los estratos más bajos del país no emocionaba a los integrantes del Mesa.

De acuerdo con Luis Alberto Bonilla, asesor de Víctima en la Defensoría del Pueblo hay desconexión entre los gobiernos locales y el Estado, en cuanto a la implementación de política públicas para fomentar la convivencia de las personas que adquieren viviendas de interés prioritario en el país, y en muchos casos las personas de estratos bajos y víctimas no se adaptan fácilmente a sus nuevos entornos. Para Bonilla, el Ministerio de Vivienda sólo piensa en obras, y el Departamento de Planeación Nacional no se preocupa en implementar políticas públicas que faciliten esta problemática

Cabe hacer un llamado a la rama ejecutiva para que se preocupe de esta situación y que no deje a la deriva a los habitantes que adquieren estas viviendas de interés prioritario. Los ciudadanos no son los villanos, por el contrario, tienen todo el derecho a preocuparse por saber quién será su nuevo vecino. En esa instancia deben operar políticas públicas para reducir la exclusión, la estigmatización y la desinformación frente a estos temas.

Cultura de paz, San Cristóbal en la mira


Desde el mes de octubre se inició la campaña Cultura de Paz en la localidad número cuatro de Bogotá, la cual busca a través de jornadas de sensibilización en la comunidad bajar los índices de inseguridad, y generar espacios de convivencia. Asistieron cerca de 2mil personas de la localidad para dar a conocer sus experiencias y propuesta frente a esta temática coyuntural en el sector.


Cabe preguntar si medidas como esta realmente están ayudando a la reducción de los índices de criminalidad en el sector, dado que según la encuesta de percepción y victimización en Bogotá (Primer semestre de 2009) de la Cámara de Comercio de Bogotá, que tuvo como base 9.006 encuestados, en la pregunta sobre percepción de seguridad, solo el 20% de los encuestados de San Cristóbal dijo que su barrio era seguro. En ese sentido, hay que evaluar si las medidas deben ser más profundas, y deben ir más de la mano con la Policía Distrital y de esa forma mejorar los índices de inseguridad de una de las localidades más inseguras de Bogotá.

Si bien, la sensibilización de la población es fundamental de cara al proceso de paz que se lleva en la Habana, hay una realidad en la actualidad y es la inseguridad en las calles, en la cotidianidad de ahí surge el interrogante del papel de las políticas públicas frente a este tema, ¿qué está haciendo la policía para contrarrestar el problema? y aún más importante el poder legislativo qué medidas van a solucionar la problemática.